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El Problema De Los Precios Y La Responsabilidad Del Estado

EDITORIAL: EL PROBLEMA DE LOS PRECIOS Y HASTA DÓNDE LLEGA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

¿Qué sucede con los precios? ¿su alza constante se debe a la emisión de dinero por parte del BCV como algunos afirman? ¿Tiene que ver con los intereses económicos y políticos de la oligarquía y el imperialismo? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y el Gobierno? ¿Cuál es el rol de la población?

Intentemos algunas respuestas a partir de un rápido diagnóstico.

En Venezuela podemos ensayar definir tres escenarios desde que la actividad petrolera se erigió como la principal fuente de ingresos de nuestro país por allá en la segunda década del siglo pasado:

Primer escenario: La explotación petrolera se realizaba a partir de concesionarias extranjeras, no vamos a entrar en detalles respecto a las características de los gobiernos de turno, ni cómo fue evolucionando históricamente el forcejeo del Estado Venezolano con las transnacionales petroleras para captar cada vez mayores ingresos, nos interesa analizar el aspecto referido a la política cambiaria como determinante del uso de las divisas. Hasta la nacionalización del negocio petrolero, en general, el país determinaba su política cambiaria sobrevaluando el bolívar para percibir cada vez más divisas, y la política fiscal estaba anclada en el impuesto sobre la renta, que también era diseñado pensando en la captación de recursos fundamentalmente del sector petrolero.

Segundo escenario: Al nacionalizarse la explotación petrolera, es el Estado el que recibe directamente las divisas producto de la venta del petróleo, y aunque parezca una sutileza, ahora la política cambiaria supone que al Estado le conviene emitir más bolívares (devaluar) por cada dólar que recibe para el funcionamiento interno de la economía. Se mantiene la política fiscal basada en el impuesto sobre la renta orientado fundamentalmente al sector petrolero, y en general se trata a PDVSA como si fuese una concesionaria en el aspecto fiscal.

Tercer escenario: La política petrolera del Comandante Chávez pone el énfasis en las regalías más que en el impuesto sobre la renta aunque también se redefine este último, lo cual amplía la base de recaudación del Estado al sector petrolero, conjuntamente con la reversión de la tendencia privatizadora de la apertura petrolera y esfuerzos bien dirigidos hacia la OPEP para restituir su papel de garante de la estabilidad del mercado global de petróleo preservando los intereses de los países productores.  La política cambiaria sigue presa de la conveniencia de emitir siempre más bolívares por cada dólar que ingresa al país, el Estado tiene las divisas y la decisión del cambio con arreglo al cual circulará el bolívar, ya no necesita sobrevaluar el bolívar para obtener más divisas, como sucedía en el primer escenario cuando el Estado entregaba bolívares sobrevaluados a las concesionarias para su funcionamiento en el país a cambio de divisas.

Ahora bien, en la Venezuela de hoy, si el ingreso petrolero baja, ya no estamos en la escena de abundantes divisas entrando a las cuales le corresponden abundantes bolívares circulando. Son ahora limitadas divisas, respecto a lo habitual durante un período de tiempo, y los bolívares suficientes, incluso a partir de la devaluación que sea “necesaria”. Pero una cosa es eso, y otra es afirmar que la inflación se origina allí, en todo caso eso lo que demuestra es que el sector privado es dependiente de las divisas que les otorga el Estado.

Al disminuir el caudal disponible de divisas se encarecen en el mercado negro, que es donde acuden los que no tienen acceso a la ahora estrecha asignación estatal. Y ese mercado negro o ilegal lo sostiene el sector corporativo privado (industrial, comercial y financiero) que accede a divisas baratas, sufragan sus costos en bolívares con una fracción pequeña que colocan en el mercado ilegal, lo cual les aporta los bolívares necesarios para cubrir esos costos. Además, eso les permite importar insumos o las mercancías que sostienen sus negocios y que queden divisas que salen al exterior y engrosan los 15 mil millones de dólares anuales que reporta el BCV en las cuentas financieras de la balanza de pagos por concepto de moneda extranjera depositada en el exterior por particulares.

Toda esa trama establece de facto que la política cambiaria no la determina el Estado, sino que ahora existe una política cambiaria paralela constituida por:

  • El mercado ilegal de divisas que sostiene el sector corporativo privado (industrial, comercial y financiero), es decir, los grandes empresarios industriales, comerciantes y banqueros.
  • Ese mercado ilegal alimenta a los comerciantes e industriales medianos y pequeños que no acceden a las divisas que otorga el Estado.
  • La cotización de ese mercado ilegal se determina a través de páginas web manejadas desde el extranjero.
  • La cotización resultante impregna todo el sistema de precios, incluso aquellos sectores que no ameritan de divisas para su funcionamiento.

No viene al caso si los que manejan las páginas web se coordinan con los que manejan el mercado negro, el asunto es que ya no hay política cambiaria estatal, fue sustituida de facto, sólo queda de la política cambiaria estatal una subasta de frecuencia intermitente que sólo sirve para devaluar el bolívar.

Todo el ciclo de la asignación de divisas por parte del Estado al sector corporativo privado, la bifurcación que genera este sector (una parte al mercado negro, una parte al exterior, una parte a la importación) determina también la política monetaria del país por vía de la fijación de los altos precios. Es decir, después que la trama se cierra nos queda:

  • Las previsiones de los que acceden al mercado negro de subir los precios incluso por encima de las cotizaciones web, con lo que favorecen su tendencia al alza.
  • Los precios altos presionan el incremento de la masa monetaria (y no al revés).
  • La alta emisión genera como consecuencia más evidente, otros fenómenos que no son objeto de estudio de este escrito, como el de la extracción del papel moneda a Colombia.

De todo lo anterior se desprende que de facto el Estado pierde la posibilidad de definir la política cambiaria y la política monetaria.

¿Cuál es la solución?

Lo primero que hay que decir es que el origen de todo se encuentra en la asignación que hace el Estado de las divisas al sector corporativo privado de la economía. Debe planificarse todo el circuito económico, que inicia con la asignación de divisas, desde el Estado, lo cual supone que el comercio exterior debe estar en manos estatales y al sector privado se le deben asignar insumos y mercancías para su actividad tasados en bolívares.

Generalmente, la nacionalización del comercio exterior ha estado asociada intencionalmente, y por razones ideológicas en muchos casos, a “radicalismos trasnochados”, al “desenfreno revolucionario”, pero apartando toda esa maraña ideológica descalificadora, hoy en Venezuela no hay otra opción si se quiere resolver el problema de raíz, incluso asumiendo la existencia del sector privado en esta etapa. El Estado no puede renunciar a serlo, ésa es la mejor manera de proteger a la población.

Existe una masa crítica de profesionales, de gente común, militante, dispuesta a asumir el reto de incorporarse a las tareas de Estado, no sólo a fiscalizar que una vez entregadas las mercancías en bolívares a los privados se vendan al precio que corresponda, sino además dispuestos y capacitados para vigilar el desarrollo de las importaciones ahora en manos estatales.

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